Por Fausto Segovia Baus
Una guerra sórdida se ha iniciado en el Ecuador.
El oficialismo con un discurso antimedios, que pulsa la reacción de los medios impresos, televisivos y radiales –a quienes los sanciona moralmente con multas irrisorias-, y también los califica y ubica dentro de los rangos “a favor, neutrales y en contra”, y una ley de comunicación que se recuece, sin la participación de los medios y de otros sectores ciudadanos.
En otros términos, los medios (y los mediadores), por un lado, en defensa de la libertad de expresión, derecho legítimo consagrado en la Constitución, y los miedos (oficiales y no oficiales), por otro, porque la buena prensa investiga y divulga reportajes y datos que no le gustan al régimen, y provoca rescisiones unilaterales de contratos con el Estado por parte de personas allegadas al primer mandatario.
El tema de la comunicación –todos lo sabemos- es muy sensible. Desde los inicios de la revolución ciudadana, los medios y varios periodistas fueron denostados por el discurso oficial, por pertenecer, supuestamente, a una línea de comportamiento diferente a la del régimen. O por no difundir la “verdad” que elaboran los voceros oficiales, expertos en preparar boletines y noticias que dan cuenta de las obras de los ministerios.
Otro dato: antes ningún gobierno tenía en su poder varios medios de comunicación. Hoy, producto, en este caso, del pago de deudas o compromisos de la banca quebrada que el Estado tomó para resarcirse del famoso salvataje, el gobierno tiene un diario público, varias emisoras y canales de televisión, y prepara –espero que no se concrete- nuevas reglas de juego para “controlar” a los medios no oficiales.
La confrontación no es positiva, en los términos como se la ha planteado. Es urgente la búsqueda de encuentros y soluciones concertadas, que permitan, de manera efectiva, el respeto a la libertad de expresión, y se reconozca la rectoría del Estado en cuanto a su capacidad legal para administrar y transferir con transparencia las frecuencias radio eléctricas al sector privado. Pero de ahí a intentar acallar o amenazar a los medios hay una gran diferencia.
La prensa libre es necesaria –indispensable, sería el mejor término- para que la democracia subsista. Si los miedos reemplazan a los medios, la democracia se debilitará aún más, por obra y gracia de un discurso autoritario que, aún en nombre de los ciudadanos y ciudadanas, no tendrá efecto en el largo plazo.
martes, 11 de agosto de 2009
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